Dos años antes, el banco nacional holandés FMO se había unido a la financiación del proyecto controversial de la represa Agua Zarca, en Honduras. Encabezado por una compañía llamada Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, o DESA, el proyecto de la construcción de la represa fue un esfuerzo de David Castillo y de Daniel Atala Midence; el director ejecutivo y el director financiero de la compañía, respectivamente. Cáceres, una reconocida activista ambiental y líder de la comunidad indígena lenca, fue la fuerza motora de las protestas contra esta construcción.

Una serie de documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses que se compartieron con The Intercept revelan, por primera vez, el rastro de la financiación internacional en los días antes del 2 de marzo de 2016, cuando un escuadrón asesino invadió el hogar de Cáceres para matarla. El banco les entregó los documentos a dos abogados holandeses de derechos humanos, Wout Albers y Ron Rosenhart Rodríguez, que han pasado los últimos dos años representando a la familia de Cáceres y al COPINH —la organización que cofundó— en una demanda civil que procura exigirle a FMO la rendición de cuentas por su rol en el proyecto de Agua Zarca. (La demanda se radicó por primera vez en el 2018, en Holanda; Albers y Rosenhart se integraron en el 2020). El martes, 28 de junio, la familia y los abogados presentaron una petición ante fiscales de los Países Bajos en la que piden una investigación criminal del FMO.

En al menos cuatro ocasiones, según la documentación, el banco emitió fondos a una compañía afiliada con Castillo y Atala que no correspondía con el destinatario estipulado. El dinero se enrutó mediante una cuenta extraterritorial del Deutsche Bank en la Ciudad de Nueva York.

Castillo fue convicto por ser uno de los colaboradores de la muerte de Cáceres en el 2021, y recibió una sentencia de 22 años y seis meses en prisión el 20 de junio. Ocupaba puestos de liderazgo y activos financieros en varias compañías además de DESA. Algunas de estas eran PEMSA, una compañía fantasma panameña con accionistas anónimos; y CONCASA, una empresa concretera que casi no brinda información sobre su actividad en el registro corporativo hondureño. Su socio de negocios, Atala, es miembro de la poderosa familia Atala Zablah, que rige un imperio banquero y de industrias privadas casi sin igual en Honduras. Ningún miembro de la familia Atala Zablah ha sido acusado en relación con el asesinato de Cáceres.

Fue Atala el que dirigió el pago de un millón setecientos mil dólares a la compañía Concretos del Caribe S.A., o CONCASA, a pesar de que según revelan los documentos, otra aparecía como la destinataria prevista. Horas después de que el préstamo se completara, Castillo, en comunicaciones por WhatsApp que se divulgaron por el fiscal general de Honduras y que previamente publicara The Intercept, le envió un mensaje de texto al líder del escuadrón homicida de que el pago estaba en camino porque “puede tener disponible el préstamo solicitado”. No se sabe si Castillo se refería al dinero del préstamo enviado a CONCASA.

Menos de 48 horas después, Berta Cáceres estaba muerta.

“Los chats entre Castillo y el líder del escuadrón homicida sugieren que unos pocos días antes [del asesinato] todavía no tenían los fondos”, dijo Albers, el abogado principal del caso a The Intercept. “Después del pago, autorizado por FMO y llevado a cabo por Deutsche Bank como un banco offshore, los tenían”.

Cuando se le preguntó sobre el descuido el banco en cuanto a los pagos, la portavoz de FMO, Monica Beek, emitió las siguientes expresiones: “En vista de los procesos legales que el COPINH ha comenzado, una respuesta a ello corresponde principalmente dentro del marco de un proceso jurídico cauteloso y no ahora, de forma selectiva y sin contexto”. Refirió a The Intercept al sitio web de FMO para más información.

Antes de Castillo, siete de los ocho hombres enjuiciados por llevar a cabo el operativo fueron hallados culpables de asesinato en el 2018 y luego se les sentenció a 30 a 50 años de prisión. Sin embargo, más de seis años después de la muerte de Cáceres, los familiares y los trabajadores de derechos humanos alegan que los autores más poderosos de su muerte siguen impunes.

“Hemos quedado sorprendidas y muy impactadas sobre las prácticas de estas entidades financieras”, dijo Bertita Zúñiga Cáceres sobre las revelaciones. Como coordinadora general actual del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), continúa con la labor que comenzó su madre, Berta.

“Este tipo de transferencias no solamente son irregulares”, dijo Zúñiga Cáceres a The Intercept. “Hicieron transferencias para que prácticamente los dueños de DESA dispusieran de ese dinero a sus antojos sin tener medidas de verificación, sin saber cómo se ejecutaban, pues es algo que es muy impactante, y saber que iban a lugares y a fuentes donde no debían ir y para cosas que en realidad no estaban consensuadas.”

En el 2015, Cáceres se llevó a sí misma a un sitial mundial —y a DESA a la infamia— cuando ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman, conocido como “el Nobel verde”, por liderar la resistencia indígena a la construcción de la represa de Agua Zarca. Como activista, ayudó a unir los movimientos sociales de Honduras en un frente de resistencia común contra los regímenes de derecha que ocuparon el poder luego de que las fuerzas de seguridad hondureña dieran un golpe en el 2009. La transferencia forzosa de poder trajo consigo un incremento mortal en la violencia general y por el Estado, lo que provocó que la administración de Obama la condenara públicamente a pesar de que el Departamento de Estado nunca la clasificó oficialmente como un golpe militar. Los profundos vínculos con los Estados Unidos de las fuerzas hondureñas eran más que evidentes y hubo informes posteriores que revelaron que la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, procuró establecer comunicaciones con el gobierno golpista interino.

Desde entonces, Honduras ha atestiguado montones de asesinatos de defensores de las tierras y del agua —muchos de los cuales son indígenas o afroindígenas— que se oponían a las minerías, a las agroempresas y a los proyectos de represas que arguían que les desplazarían de sus tierras. Muchos de estos proyectos no contaron con consulta previa de los grupos indígenas, según se requiere por las convenciones internacionales a las que pertenece el gobierno hondureño. No obstante, incluso así recibieron apoyo de instituciones financieras transnacionales como el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Interamericano o —en el caso del proyecto de Agua Zarca— de FMO en Holanda.

FMO se vanagloria de invertir en países pobres plagados por la violencia y la corrupción y de inyectar dinero en proyectos de desarrollo en los que el “país… carece infraestructura financiera o se percibe demasiado ‘frágil’ por inversores privados”. La oportunidad de apoyar el proyecto de Agua Zarca parecía caerles como anillo al dedo.

DESA, que se incorporó poco después del golpe de 2009 y que se contrató enseguida para el proyecto Agua Zarca, era propiedad tanto de Castillo —un ejecutivo y oficial de inteligencia del ejército hondureño que fue entrenado por los EE. UU.— como de la poderosa familia Atala Zablah. Cuando FMO acordó servir de prestamista para Agua Zarca, dijo que el dinero sería para los contratistas que construían la represa y no para DESA en sí, ni para ninguna transacción con una afiliada, lo que se define como una compañía directa o indirectamente controlada por DESA.

En el 2013, los residentes indígenas lenca comenzaron a protestar contra la represa. Reclamaban que no había habido una consulta previa y alegaban que el proyecto los desplazaría del sagrado río Gualcarque. Dirigidas por Cáceres y el COPINH, las protestas se intensificaron por los próximos dos años. La represión también. El ejército asesinó un manifestante antirrepresa en el 2013 y hubo contratistas de seguridad privada que luego se abalanzaron sobre los bloqueos contra la represa.

Al final, la violencia provocó que varios socios y prestamistas se retiraran del proyecto. Sinohydro, una compañía estatal china y la constructora más grande de represas en el mundo, abandonó el proyecto en el 2013; COPRECA, una firma de construcción guatemalteca, se fue en el 2014.

No obstante, nada de eso impidió que FMO invirtiera. Alrededor del 2011, varios actores consultaron con el banco la posibilidad de apoyar a Agua Zarca. Uno fue el Banco Centroamericano de Integración Económica, o BCIE, cuyo exdirector hondureño, José Eduardo Atala Zablah, provenía de la misma familia que invirtió en Agua Zarca y también era un exmiembro de la junta de DESA. La familia Atala Zablah no respondió a los intentos de The Intercept para que comentaran.

El 27 de febrero de 2014, FMO, junto con la participación de Finnfund, un financiador finlandés de desarrollos, acordó emitir un préstamo de veinte millones de dólares para financiar el proyecto de Agua Zarca. Bajo el mismo acuerdo, otros $24.400.000 surgirían del BCIE, que se registró como el agente administrativo.

La deuda a esos bancos constituiría el 70 por ciento del presupuesto estimado de $63.4 millones para el proyecto. El otro 30 por ciento se financiaría con equidad compuesta por acciones pertenecientes a Inversiones Las Jacarandas, una compañía de inversiones perteneciente a seis miembros de la familia Atala Zablah, así como Potencia y Energía de Mesoamérica S.A., una compañía fantasma panameña administrada por Castillo. La totalidad de las acciones de PEMSA son al portador, lo que significa que sus accionistas no pueden verificarse mediante registros públicos.

Como parte de un acuerdo prestamista, FMO y BCIE pactaron que el dinero se le transfiriera a DESA mediante una cuenta extraterritorial de terceros de Deutsche Bank, que se identificó en el acuerdo como el “agente de seguridad offshore”, en la Ciudad de Nueva York.

“Marina [Pannekeet, una empleada de FMO] quería que fuera a un reserve account”, le escribió David Castillo después a Daniel Atala en conversaciones de WhatsApp que luego extrajo el fiscal general de Honduras.

“No quiere [que] veamos dinero nunca”, contestó Atala.

En el 2016, la directora de energía de FMO, Elvira Eurlings, les dijo a periodistas holandeses que al banco le empezó a agradar la idea de financiar DESA en parte debido a sus conexiones con la gente participante. “Sabíamos que las dos familias responsables del proyecto DESA eran buenos empresarios con buenas reputaciones”, dijo Eurlings. “No estaban en ninguna lista negra; no había nada de corrupción ni de actividades criminales”. Cuando se le pidieron expresiones, FMO no contestó la solicitud de The Intercept para aclarar quiénes eran las dos familias mencionadas.

A Cáceres la asesinaron casi dos años exactos después de que FMO emitiera el préstamo. En medio de una ola de cuestionamientos por los medios, el banco se retractó del proyecto, pero FMO no dejó de defender su apoyo por la represa hasta que el tribunal emitió el fallo de culpabilidad contra Castillo.

“FMO financió una compañía cuyo director ejecutivo ahora fue hallado culpable de estar involucrado en un asesinato”, leían las expresiones publicadas en el sitio web del banco. “Nos sentimos devastados por esto. En retrospectiva hubiéramos querido no haber invertido en el proyecto de Agua Zarca jamás”.

Albers y Rosenhart alegan, sin embargo, que FMO debió haber sabido que algo no andaba bien. Los documentos que compartieron con The Intercept ilustran que los registros internos de FMO con la cuenta extraterritorial de Deutsche Bank —a la que ambos bancos tenían acceso directo y repetido y que en algunos casos contaba con la firma de un representante de FMO— muestran que los beneficiarios hondureños del préstamo nombraban en varias ocasiones a un destinatario de las transferencias bancarias, pero luego las dirigían a otro. Con este proceso, FMO acabó enviando millones de dólares a CONCASA.

Para el primero de estos pagos —según un documento titulado “Requisición de construcción n.01” y con fecha del 12 de noviembre de 2014— Castillo solicitó la transferencia de más de un millón cuatrocientos mil dólares a COPRECA, la compañía guatemalteca de construcción que luego abandonaría el proyecto de Agua Zarca a fines de año. El pago parece que llegó a COPRECA, como se había previsto.

Después de algunas transacciones más, Daniel Atala firmó un documento llamado “Requisición de construcción n.05” con la fecha del 9 de junio de 2015, en el que solicita trescientos millones seiscientos mil dólares para COPRECA. Para aquel entonces ya COPRECA había abandonado el proyecto Agua Zarca. En la misma página, las instrucciones de pago dirigen el dinero a una compañía distinta: “Concretos del Caribe SA,” o CONCASA. (En enero de 2016, Castillo le dio a Daniel Atala el control administrativo sobre CONCASA).

FMO se negó a explicar estas transacciones.

Albers y Rosenhart dicen que no informar transacciones que pudieran ser sospechosas tiene posibles implicaciones legales. En los Países Bajos, por ejemplo, la ley Wwft (el acrónimo en holandés para la Ley contra el Lavado de Dinero y la Financiación Terrorista) requiere que cualquier banco, abogado o institución de inversiones reporten “transacciones inusuales” a la Unidad de Inteligencia Financiera del país. No hacerlo constituye un posible “crimen económico” según la ley holandesa.

Los pagos continuaron. El 14 de septiembre de 2015, en un documento titulado “Requisición de construcción n.o6”, Castillo solicitó cerca de un millón de dólares para COPRECA e identificó a CONCASA como beneficiaria de la cuenta.

G.W. de Boer, un gerente en FMO Bank, aprobó personalmente este documento, y Castillo hizo lo propio. (Después, en la página 446 de la respuesta de 676 páginas en el idioma holandés, FMO lo contradice y dice: “Todas las partes a las que se les proveyó dinero eran conocidas a FMO”. La respuesta nombra a COPRECA como un beneficiario del préstamo, pero no menciona a CONCASA).

Los pagos a CONCASA continuaron ese noviembre. En un documento titulado “Requisición de construcción n.o7” con fecha del 24 de noviembre, Castillo solicitó más de doscientos millones seiscientos mil dólares para COPRECA y de nuevo los envió a CONCASA.

Ya en este punto, a finales del 2015, Castillo estaba colaborando en la conspiración de asesinato. Castillo, junto con el exjefe de seguridad de DESA, Douglas Bustillo, había organizado un escuadrón asesino en el que un jefe de inteligencia del ejército de Honduras, Mariano Díaz, lideró a un exfrancotirador de las Fuerzas Especiales —que alguna vez estuvo bajo órdenes de Díaz— junto con tres sicarios más. No pudieron matar a Berta Cáceres el 5 de febrero de 2016, ya que, según uno de los sicarios, había demasiada gente cerca de la casa.

“Misión abortada”, Bustillo le escribió después a Castillo en registros telefónicos obtenidos por el fiscal general hondureño. “Esperaré lo que usted dijo: ya no tengo logística. Estoy en cero”.

La logística, sin embargo, llegaría pronto. A la misión le faltaba menos de un mes para ser exitosa.

Según las conversaciones telefónicas que obtuvo el fiscal general, alrededor de a la una de la mañana el primero de marzo, Castillo le envió un mensaje de texto a Bustillo para decirle que podía darle el dinero más tarde en la mañana porque “hoy en la noche me pagan y puede tener disponible el préstamo solicitado”.

A medida que los periodistas empezaron a investigar el caso, la mirilla se enfocó pronto sobre DESA. Uno de los cuatro sospechosos arrestados en mayo de 2016 en relación con el asesinato era empleado de DESA. FMO insistió con su versión: a pesar del asesinato de Berta, el financiamiento del banco a Agua Zarca todavía era un beneficio neto para la comunidad.

En julio de 2017, en respuesta a las tensiones sobre el proyecto, FMO y Finnfund le anunciaron al mundo que acabarían oficialmente con su relación con Agua Zarca. En la salida le perdonaron el préstamo; en otras palabras, le regalaron seis millones cien mil dólares al esfuerzo de construcción de la represa. Según la página 546 de la contestación en holandés: “FMO y FinnFund tuvieron que ceder los repagos de sus préstamos y los intereses sobre esos préstamos para poder llegar a una salida”.

En la salida le perdonaron el préstamo; en otras palabras, le regalaron seis millones cien mil dólares al esfuerzo de construcción de la represa.

Los fondos de CONCASA habían provisto otro apoyo al proyecto: mientras la Policía protegía el lugar de la construcción, hubo transferencias de la compañía concretera que se destinaron a adquirir muebles para mantener cómodos a los policías presentes. Tal y como se refleja en los documentos divulgados por el fiscal general de Honduras, dinero proveniente de CONCASA pagaba el salario de Sergio Rodríguez —un exgerente de DESA convicto de orquestrar el asesinato de Cáceres— mientras estaba detenido en espera de juicio.

El 29 de febrero de 2016 —seis días después de la petición del préstamo de un millón setecientos mil dólares y dos días antes del asesinato— Daniel Atala ordenó que se transfirieran un millón doscientos mil dólares de la cuenta de CONCASA en BAC Credomatic en Honduras a PEMSA, dirigido por Castillo en Panamá. El día antes del asesinato, la opción de acciones al portador de PEMSA —que permitía que los accionistas permanecieran en el anonimato— apareció como terminada en el registro corporativo panameño.

Para Albers y Rosenhart, la sucesión veloz de estos eventos —el pago, la matanza y el cambio en la estructura propietaria— era sospechosa.

En una conversación con The Intercept, Rosenhart arguyó que los documentos levantan cuestionamientos considerables sobre si parte del dinero del préstamo en efecto fue para el proyecto de la represa, y que revelaban “una negligencia grave por parte de los bancos a la hora de vigilar cómo el préstamo se gastaba por la otra parte. También demuestran que hay varias líneas de investigación financiera activas para que las autoridades hondureñas, panameñas, holandesas e incluso estadounidenses investiguen”.

Según fluía de los Países Bajos a Centroamérica, el dinero de FMO hacía varias paradas en una cuenta extraterritorial domiciliada en la Ciudad de Nueva York. Mientras Albers y Rosenhart se enfocan en FMO, dos abogados en los Estados Unidos levantaron cuestionamientos sobre si Deutsche Bank en Nueva York posiblemente también esté violando la ley.

Deutsche Bank no contestó las llamadas que hiciera The Intercept para pedir una reacción.

El banco multinacional tiene una historia de prácticas financieras cuestionables. En abril de 2022, las oficinas alemanas fueron allanadas por las autoridades del país a raíz de informes de actividad sospechosa. Más de un año después, se le obligó a pagar cuarenta y tres millones de dólares a la Comisión de Bolsa y Valores luego de “no poder implementar un sistema de controles internos de contabilidad”, mientras que los documentos filtrados del 2020 mostraban que en la pasada década el banco ayudó a lavar cientos de miles de millones de dólares de dinero malversado así como fondos conectados con el crimen organizado.

Que Deutsche Bank no informara las transferencias de CONCASA no sorprende a Kelsey Jost-Creegan, una abogada graduada de Harvard que trabaja con defensores de tierras en Centroamérica como parte de la organización EarthRights International.

Jost-Creegan revisó las transferencias bancarias a CONCASA y sugirió examinarlas bajo la Ley de Secretividad Bancaria y regulaciones relacionadas que requieren que los bancos de EE. UU. y las instituciones financieras desarrollen e implementen controles antilavado de dinero.

“El hecho de que estas transacciones se hicieron mediante Deutsche Bank New York significa que hay leyes federales y del estado de Nueva York contra el lavado de dinero que están implicadas”, dijo Jost-Creegan, alegando que las transferencias de los préstamos estaban plagadas de banderas rojas que debieron haber comenzado la debida diligencia según estas leyes. Resaltó que en el 2015 el Departamento de Estado de los Estados Unidos nombró a Honduras como una “jurisdicción de interés” por lavado de dinero y crímenes financieros.

“La cantidad de transferencias sobrepasó los límites de las leyes contra el lavado de dinero”, le comentó a The Intercept. Como Albers y Rosenhart, Jost-Creegan subrayó las discrepancias entre el beneficiario declarado y el que recibió, finalmente, el dinero.

Sarah “Poppy” Alexander, una abogada de California que representa a denunciantes de esquemas financieros, fue informada sobre las transacciones y argumenta que las instituciones como Deutsche Bank son responsables bajo la ley estadounidense de reportar transacciones sospechosas en informes de actividad sospechosa. “Si Deutsche Bank tenía cualquier razón para temer que las transferencias se usaban para un propósito sospechoso, normalmente tendrían que divulgarlo”, comentó. “Si el dinero se movía a una cuenta distinta o no estaba conectado con la represa debería ser algo que generalmente levante cuestionamientos”.

“Si FMO logra superar su crisis existencial como un banco de desarrollo, debería reexaminar el modus operandi falto de ética de ser el facilitador de multimillonarios extranjeros para el desarrollo, con el objetivo de que parte de ese dinero acabe donde se pueda usar para una buena causa”, dijo Rosenhart. “En el caso de Agua Zarca, esto era una ilusión desde el principio”.

Las fuerzas detrás de Agua Zarca pertenecen a una red amplia que incluye a algunas de las personas más adineradas de Honduras, incluso de dos poderosas familias cuyos miembros nunca se han enfrentado a la justicia en relación con el asesinato de Cáceres.

Las fuerzas detrás de Agua Zarca pertenecen a una red amplia que incluye a algunas de las personas más adineradas de Honduras.

Varios miembros de la familia Atala Zablah son familiares consanguíneos de otra, pero también poderosa, familia: los Atala Faraj. Seis hermanos Atala Zablah —todos accionistas de “Inversiones Las Jacarandas”, que en sí es el accionista principal de DESA— son primos hermanos del multimillonario Camilo Atala Faraj. Tres de estos, así como uno de sus hijos, eran miembros de la junta o tenían puestos en DESA: Pedro Atala Zablah, dueño de CAMOSA, la distribuidora hondureña de John Deere y copresidente del Club Deportivo Motagua; Jacobo Atala Zablah, presidente del banco hondureño BAC Credomatic; y José Eduardo Atala, exdirector del BCIE y copresidente actual del Club Deportivo Motagua. El hijo de José Eduardo es Daniel Atala Midence, quien era el ejecutivo financiero de DESA y que tenía control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos finales de dinero proveniente de FMO.

José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Daniel Atala Midence eran parte de un grupo de WhatsApp corporativo con David Castillo llamado “Seguridad PHAZ”, en donde se discutía la seguridad y la estrategia de medios de DESA, así como la  relación del grupo con Cáceres en los días cercanos a su asesinato.

Por años, los abogados en los Estados Unidos que representan a la familia Atala Faraj han exigido correcciones por parte de los periodistas que investigan el asesinato de Cáceres. Alegan que ambas familias son independientes y que la familia Atala Faraj no tenía nada que ver con la represa. Camilo Atala Faraj, el propietario del banco FICOHSA, es uno de los hombres más ricos de Honduras. David Castillo, Daniel Atala Midence y los miembros de la junta de DESA se han referido a los préstamos de FICOHSA en conversaciones de WhatsApp presentadas por el fiscal general de Honduras, a pesar de que FICOHSA ha negado en varias ocasiones estar involucrados en el proyecto de DESA.

El COPINH y la familia de Cáceres insisten que Castillo es un mero coautor del asesinato de Cáceres. “Faltan los Atala”, dicen del crimen. Las ramas Atala Zablah y Atala Faraj de la familia han negado rotunda y constantemente esta acusación. The Intercept intentó en repetidas ocasiones contactar a las familias Atala para que se expresaran al respecto.

“Nadie ha sido investigado por todas estas irregularidades [financieras]”, expresó Zúñiga Cáceres. “La búsqueda de la justicia para mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, es la oportunidad que tiene no solo el COPINH sino que Honduras de evidenciar el papel nefasto de estas entidades bancarias que hablan de supuestamente un falso desarrollo pero que finalmente sólo están interesados en sus bolsillos, en perjuicio de la población y en perjuicio de quién sé”.

El 25 de mayo, el Congreso Nacional de Honduras decretó que Berta Cáceres sería condecorada como una heroína nacional. Para algunos fue extraño que se le ubicara en este pedestal simbólico, ya que los problemas sistémicos que llevaron a su muerte, como la violencia, la corrupción, la impunidad y los proyectos extractivistas permanecen vigentes. Los defensores ambientales, después de todo, siguen siendo asesinados en cantidades alarmantes en Honduras. Todavía se desconoce el entramado completo de la red involucrada en la planificación de su asesinato. Algunos cómplices de su muerte hoy todavía pudieran superar el alcance de la justicia.

Traducción al español de Teresa Córdova Rodríguez

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El objetivo de reclutar a los mercenarios era bloquear, a la fuerza, la toma de posesión de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales. La trama avanzó a pesar de que Arce, protegido de Evo Morales, arrasó con el 55 por ciento de los votos en la primera ronda, eliminando la posibilidad de una segunda vuelta.

En una de las grabaciones filtradas, una persona identificada como el ministro boliviano de Defensa dice que su agenda está “centrada en evitar la hecatombe de mi país”. Las fuerzas armadas y la población tienen que “levantarse nuevamente”, agregó, “y no permitir el gobierno de Arce. […] Estas próximas 72 horas son fundamentales para el país”.

Los desacuerdos entre ministros y la división al interior de las fuerzas armadas, empeorados por el peso de la convincente victoria de Arce el 18 de octubre 2020, parecen haber desbaratado el plan. Aunque nunca fue ejecutado, varios de los altos funcionarios del gobierno saliente han huido de Bolivia o han sido capturados por cargos de corrupción y su supuesta participación en el golpe de 2019.

Más de un año antes, Bolivia había sido arrastrada a una crisis arrolladora. En octubre de ese año, cuando Morales se postuló para un controversial cuarto mandato, la oposición lo acusó de amañar la elección, y la Organización de Estados Americanos (OEA) rápidamente hizo eco del señalamiento. En medio de protestas generalizadas, un motín policial y la presión del Ejército, Morales fue forzado a dejar la presidencia y a huir del país. Jeanine Áñez, una senadora evangélica poco conocida, fue juramentada precipitadamente como presidenta interina, bajo la promesa de que habría nuevas elecciones en las semanas siguientes.

Pero en cambio, dirigió la presidencia lejos del enfoque izquierdista de Morales y hacia la Casa Blanca de Donald Trump, adoptando un tono cristiano estridente que contrastaba con el de la defensa de la cultura indígena andina de su antecesor, y emitió un decreto que eximía de responsabilidad penal a soldados “que participen en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública.” Seguido de esto, las fuerzas armadas llevaron a cabo múltiples masacres mientras reprimían a la oposición del nuevo gobierno interino.

Jueces y pandillas persiguieron a los seguidores de MAS en las cortes y en las calles. Después de 14 años de crecimiento bajo la administración de Morales, miles fueron arrastrados de nuevo a la pobreza durante la pandemia por covid-19 –la cual Áñez utilizaba constantemente como excusa para posponer la eleción. Fue hasta el otoño pasado, en medio de las demostraciones que demandaban nuevas elecciones, que Áñez permitió finalmente los nuevos comicios. Aunque se postuló como candidata a la presidencia, se retiró de la competencia luego de que las encuestas la colocaran en un lejano cuarto lugar de las preferencias electorales.

La eventual victoria de Arce el otoño pasado, en una elección vigilada muy de cerca, fue un contundente rechazo al giro hacia la derecha que había dado Áñez. Arce, que fungió como ministro de Economía de Morales, también se distanció de su antiguo jefe. “Hemos recuperado la democracia”, dijo Arce a sus seguidores, a quienes prometió trabajar para estabilizar y unificar el país.

La derecha boliviana, sin embargo, no estaba lista para dejar el poder. La llamada con el ministro de Defensa de Áñez, en la que los participantes se refieren a varios de los funcionarios del Ejecutivo, delinea la trama de un golpe aún más escandaloso que el de octubre 2019.

Varios de los conspiradores discutieron la posibilidad de llevar mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense afuera de Miami. Estos hubieran unido fuerzas con las unidades élite del Ejército boliviano, escuadrones rebeldes de la Policía y colectivos paramilitares, en un intento desesperado por evitar que el movimiento político más grande del país regresara al poder.

Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos filtrados en donde se discute el despliegue masivo de mercenarios durante las elecciones revelan que Bolivia pudo haber visto un nuevo derramamiento de sangre en 2020. Las evidencias también cuestionan las actividades sombrías de los soldados que se volvieron mercenarios en el exterior, y la medida en que son monitoreados y controlados por Estados Unidos y otros gobiernos norteamericanos y occidentales.

Dos fuentes militares estadounidenses confirmaron a The Intercept que el comando de Operaciones Especiales para el cual trabajan se enteraron del complot golpista en Bolivia, pero que nunca pasó nada. Una fuente de ese mismo comando agregó que, hasta donde supo, “nunca nadie se lo tomó en serio”.

“El comandante de las fuerzas armadas”

La grabación más larga a la que se tuvo acceso es una llamada de 15 minutos con una persona a a la que The Intercept identificó como Fernando López, un exparacaidista y empresario nombrado ministro de Defensa por Áñez en noviembre 2019. López, a quien se refieren en la llamada como “señor ministro”, puede ser identificado a través de referencias a su trabajo como ministro con las fuerzas armadas y comparando su voz y sus consignas con las grabaciones disponibles de sus discursos públicos.

El otro protagonista es Joe Pereira, un exadministrador civil del Ejército estadounidense radicado en Bolivia en ese tiempo. Pereira, quien en el pasado se ha jactado de tener vínculos con las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y ha guardado prisión en una cárcel boliviana a la espera de juicio por fraude, es identificable por referencias al uso de la compañía que él dirigía en ese momento, así como por los correos filtrados que lo describen a él como organizador de una misión que involucraba a mercenarios en Bolivia.

En una grabación distinta, Pereira identifica a su traductor como “Cyber Rambo”, a quien luego en otra llamada se refiere directamente como “Luis”. “Cyber Rambo” es el apodo de Luis Suárez, un exsargento boliviano-americano conocido por crear el algoritmo que promovió los tuits antiMorales durante la crisis política de 2019. The Intercept lo buscó para que diera declaraciones sobre esta investigación y negó haber sido contactado por López y Pereira o haber tenido algún tiempo de involucramiento en la planificación del golpe. Dijo que después de haber sido contactado la primera vez por The Intercept en junio, encontró un mensaje sin leer enviado previamente por Pereira. Suárez especula que Pereira pudo haberle hecho creer a López que él estaba involucrado. López, por su lado, no respondió a ninguna de las preguntas que se le enviaron por medio de su abogado, quien dijo que su cliente no quería hablar con la prensa y que estaba buscando asilo. Pereira no pudo ser localizado por teléfono y tampoco respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico en octubre 2020 y mayo 2021.

Las referencias a la victoria electoral de Arce indican que la llamada después del 18 de octubre y antes del 5 de noviembre 2020, fecha en la que López huyó de Bolivia hacia Brasil, tres días antes de la toma de posesión de Arce.

La grabación inicia cuando la conversación ya está empezada, mientras el hombre identificado como López dice “El armamento y otros pertrechos militares obviamente son sumamente importantes para reforzar lo que estamos haciendo”.

“El alto mando militar ya está en conversaciones de apronte”, continúa. “La lucha, el mensaje de la lucha, está en que quieren reemplazar a las fuerzas armadas bolivianas y la Policía por milicias cubanas y venezolanas. Esa es la punto del hilo. Es lo que va a permitir que realmente Bolivia se levante nuevamente y no permita el gobierno de Arce. Esa es la realidad”.

López sugiere, además, que el comandante de las fuerzas armadas “ya está comandando” el posible golpe de Estado y que es él quien “realmente puede generar la operación militar como tal”.

“Quiero puntualizar lo siguiente. El comando en jefe de las fuerzas armadas está trabajando en todo esto”, dice López. El comandante nombrado por Áñez era Sergio Orellana. Se cree que huyó de Bolivia hacia Colombia en noviembre pasado y no pudo ser localizado para dar declaraciones.

“Hemos trabajado en eso toda la semana”, enfatiza López. “Yo les puedo garantizar que en estos momentos hay unas fuerzas armadas cohesionadas, no al 100 %, porque hay azules evidentemente”, dice en evidente referencia al color oficial de MAS. Algunos oficiales militares seguramente van a respaldar al “caballo ganador (Arce) porque él ganó las elecciones”, admite, aunque insiste en que son “muy pocos”.

“Un 95, 98 por ciento, les garantizo que son superpatriotas y no quieren desaparecer”, concluye. “Yo he trabajado durante 11 meses para que las fuerzas armadas tengan dignidad, tengan moral, esten cohesionadas y pensemos en la patria ante todo. Eso les garantizo que no va a fallar”.

Un día antes de la toma de posesión de Arce, Morales –quien para entonces aún estaba exiliado en Buenos Aires– aseguró que Orellana había intentado persuadir a los oficiales de mayor rango para establecer una “junta militar”, usando como justificación que Arce planeaba reemplazar a las fuerzas armadas con milicias. Morales sugirió que un general proMAS había desobedecido a Orellana y que aunque se habían dado órdenes para movilizar a las tropas élite estas habían sido canceladas de manera inmediata. Los medios internacionales ignoraron en gran medida la denuncia de Morales.

“Yo escuché rumores al respecto, pero nada concreto, nada sobre una movilización (de tropas)”, dijo a The Intercept Tomás Peña y Lillo, un general retirado y jefe de operaciones del Ejército hasta 2010, cuando se le preguntó sobre la conspiración. “Me imagino que no fue nada más que un deseo”.

A pesar de ello, miembros del Ejército boliviano permanecen genuinamente preocupados por las intenciones que MAS pueda tener de marginar al Ejército para armar a sus seguidores, argumentó Peña y Lillo. “Esta es la intención del Gobierno (de Arce)”, agregó. “Obviamente van a querer hacer eso, pueden incluso intentarlo. Pero la Constitución no lo permite. Y el Ejército va a acatar la Constitución”.

“Las milicias armadas del pueblo”

Durante sus 14 años en la presidencia, la relación cordial entre Morales –un soldado conscripto durante su juventud– y las fuerzas armadas bolivianas, cuyo alto mando fue entrenado por los Estados Unidos, devino en una disputa abierta.

Su admiración por Ernesto “Ché” Guevara –quien fue capturado y asesinado en Bolivia con apoyo de la CIA en 1967– y la creación de una academia militar antiimperialista enojó a muchos soldados. Quejas sobre los pagos de salarios también salieron a la luz por parte de la Policía. Su rechazo a reprimir las protestas durante la disputada votación de 2019 fue fundamental para forzar al exilio al presidente más longevo en el cargo de Bolivia, primero a México y luego en la vecina Argentina.

Que los altos oficiales estuvieran discutiendo un año después cómo bloquear el regreso de MAS al poder de la mano de Arce ­–sin tomar en cuenta los resultados de la elección de 2020 ni lo que manda la Constitución– indica que la desconfianza que algunos de los militares de alto nivel tenían en el movimiento popular dominante del país se ha desviado hacia la paranoia.

En su llamada con Pereira, López destacó que “mi agenda ahora está un poco centrada en evitar la hecatombe de mi país y que ingresen tropas venezolanas y cubanas, y de Irán”. De manera similar, López prometió en un discurso pronunciado en octubre 2020, en honor al aniversario del asesinato del Ché Guevara, que los invasores extranjeros “de cualquier nacionalidad, cubanos, venezolanos o argentinos… encontrarán la muerte en nuestro territorio”.

La denuncia de que operativos cubanos, venezolanos e iraníes se han infiltrado exitosamente en el gobierno, los partidos de izquierda y los movimientos de protesta a lo largo de América Latina se ha convertido en un punto de discusión frecuente de la derecha en los últimos años. Pero, excepto por Venezuela, hay muy poca evidencia concreta que respalde esta afirmación.

En enero 2020, mientras estaba exiliado en Buenos Aires, Morales dijo a los seguidores de MAS que si él regresaba a Bolivia lo haría para crear las “milicias armadas del pueblo” al igual que en Venezuela. Sus rivales aseguraron que sus comentarios eran una traición a su plan de crear una fuerza paramilitar proMAS. Morales aclaró después que se refería a la tradición de las patrullas de defensa propia de las comunidades andinas.

Para Eduardo Gamarra, politólogo boliviano y profesor en la Universidad Internacional de Florida, hay una razón más simple sobre por qué los generales que ayudaron a derrocar a Morales querían mantener a Arce fuera del poder. “¿Hubo malestar en las fuerzas armadas? ¿Estaban preocupados? Sí”, dice. “Tenían razón en estar preocupados por que hubiera una gran purga. El MAS iba a estar furioso”.

Pereira también estaba muy pendiente de la ubicación del exlíder de MAS. En una de las llamadas telefónicas, habla amigablemente con un hombre mayor, Manuel, quien le informa que Morales se mudó de una residencia temporal ubicada en las cercanías de una escuela americana, en el suburbio La Lucila de Buenos Aires.

“Qué macana. Qué macana que se nos ha ido nuestro amigo Evo de este lugar. Qué pena”, dice Pereira.

“Vamos a tender las redes para ver por dónde anda”, responde Manuel. “En algún lado está”.

“Puedo conseguir hasta 10 000 hombres sin problema”

En la llamada que dura 15 minutos, Pereira dice que la solicitud de armas “no es un problema” y pregunta cuántos aviones Hércules C-130 tiene a su disposición el ministro de Defensa. López responde que solo hay tres en toda Bolivia y que “por increíble que parezca” él solo tiene control sobre uno y que los otros dependen de la Policía. Pereira le reconfirma que “al terminar nuestra llamada voy a coordinar también con las autoridades policiales. Con el alto mando”.

Los aviones, dice Pereira, son necesarios “para recoger al personal del Comando Sur en la base de la Fuerza Aérea en Homestead, Miami”.

“El momento en que los C-130s aterricen en Miami los contratos (de las tropas) van a estar escritos y firmados, los tendré equipados y con todas sus armas listas”, agrega.

El traductor explica con detalle el arreglo:  las tropas serán reclutadas “como si ellos fueran contratistas privados, bajo ninguna representación del Estado norteamericano”.

“Los vamos a poner en contratos para compañías que ya están trabajando en Bolivia”, continúa Pereira, mientras López concuerda con cada punto.

“Puedo conseguir hasta 10 000 hombres sin problema. No creo que necesitemos 10 000”, calcula. “Todos de Fuerzas Especiales. También puedo traer a alrededor de 350 de lo que llamamos Law Enforcement Proffesionals (asesores policiales) para que guíen a la Policía… Conmigo (en Bolivia) tengo a un personal que puede realizar diferentes trabajos […] En caso de necesitar algo más, puedo traerlos de manera encubierta, en calidad de fotógrafos, pastores, médicos o turistas”.

David Shearman, uno de los reclutadores en Estados Unidos a los que Pereira le había pedido que organizara a esos hombres, dice que 10 000 es un número absurdo. “No podrías conseguir a 10 000 personas ni aunque Blackwater (una compañía militar privada americana) abriera nuevamente para regresar a Iraq”, explicó Shearman a The Intercept en junio.

En el audio, Pereira sugiere que su cohorte de mercenarios será recibido con los brazos abiertos por los bolivianos –3.2 millones de los cuales habían votado por el regreso de MAS al poder apenas unos días antes. “Nos hemos infiltrado mucho… Ellos no van a intentar persuadir a la gente para que apoye a MAS. Cada vez más personas quieren libertad para tu país”.

Pereira agrega que necesitará hablar con Arturo Murillo, el entonces ministro de Gobierno de Bolivia y responsable de la Policía, “para que no cometa ningún error ni se sienta asustado”. Las semanas previas a la elección de 2020, Murillo advirtió en repetidas ocasiones, en público y en privado, que MAS estaba planificando una insurrección armada en caso de llegar a perder las elecciones. En octubre, Murillo viajó a Washington D.C. para reunirse con diplomáticos estadounidenses, la OEA y la Casa Blanca, donde aseguró que se discutieron temas de “seguridad nacional” y las “amenzas” al proceso electoral. En aquel momento, Murillo le dijo a la prensa que “Estados Unidos podía ayudar en muchas cosas” y confirmó que Bolivia estaba comprando armas para “defender la democracia a cualquier precio”. En mayo 2020, se jactó de haberse reunido con la CIA, asegurando que Mauricio Claver-Carone, el encargado de la administración Trump para asuntos Latinoamericanos  “nos abrió muchas puertas”. Murillo no respondió a las solicitudes de declaración que The Intercept le hizo en octubre.

En la llamada, no obstante, Pereira mantiene que no debe haber ningún rastro del involucramiento estadounidense. “No me importa si nos ven como mercenarios o como un Estado contractual, o como sea que nos quieran ver, siempre y cuando no puedan vincularnos directamente con las Fuerzas Especiales, el Ejército o la Fuerza Aérea”, insiste.

El traductor se sale del guion para hacer una pregunta “como boliviano”. “¿Cuán dispuestos están ustedes a hacer que esto funcione? ¿Están dispuestos a hacer operaciones psicológicas? ¿Están dispuestos a manipular la informacion al igual que lo hace el MAS?” La respuesta es inequívoca: “Cien por ciento”.

“No tengo ni idea de eso” dijo Suárez a The Intercept, aclarando que él es un ingeniero informático radicado en Texas, pero que no está involucrado en seguridad virtual o ningún trabajo relacionado al gobierno. “No tenía ninguna intención de evitar que Arce tomara posesión”, dice, “creo que él ganó la elección justamente, no con fraude, como lo hizo Evo Morales”.

“Vengan y ayúdennos”

Otra conversación completamente en español, que Pereira aparentemente tuvo después de hablar con el ministro, indica que Pereira pudo haber exagerado el apoyo militar que tenía el golpe planificado.

“Anoche estaba hasta las dos de la mañana, casi dos y media en reportes de inteligencia, contrainteligencia, hablando de chismes, movidas y estrategias” le dice Pereira, en forma de queja, a su interlocutor, quien no ha sido identificado. “Es algo muy preocupante. [La gente] se va desde la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, como les da la gana. Tienen miedo”, supone, agregando que los sobornos, el interés propio e incluso las redes sociales están incidiendo en la lealtad de los soldados.

“Estamos buscando las armas; ya tengo todo la información que me pediste. Ya sabemos con qué gente se pueden contar”, le reafirma el interlocutor a Pereira, y menciona a un comandante de la Policía que “no quiere saber nada de lo que es el MAS. Él está cien por ciento con nosotros” y “son varios que están en este sentido”.

“Están cansados de que sus jefes estén ganando todo y ellos están dando el pecho a las balas y sin ningún beneficio. Hay gente estratégica en cada unidad que están con todo el apoyo. Para nosotros”, le explica.

Pereira señala que necesitan asegurar el respaldo de las Fuerzas Especiales que tienen su base en la Escuela de Cóndores Bolivianos y de los Rangers, el regimiento élite de Bolivia.

“Necesitamos ver todo lo que hablamos de antemano hace varios meses”, dice Pereira en la llamada. “Hablamos del plan de acción para tomar, en caso demostrar fuerza, de tomar los lugares estratégicos. Yo creo que nosotros en lo que ahora tenemos estamos mucho mejor posición que no vamos a tener que enfrentar a las tropas bolivianas. Vamos a tener que mostrar la eficacia, la seriedad, los hombres, y una vez que ellos mismos vean, yo creo que más bien nos van a invitar adentro y van a decir ‘Vengan y ayúdennos’”.

“Las cosas están avanzando”

La promesa de Pereira de traer aviones cargados de mercenarios para ayudar al desarrollo de la insurrección fue probablemente exagerada. La evidencia a la que tuvo acceso The Intercept, sin embargo, insinúa que los planes para que el despliegue de cientos de mercenarios, incluyendo a exmiembros del servicio militar estadounidense, coincidiera con las elecciones estaban bastante adelantados en la semanas previas al 18 de octubre.

En los correos enviados antes de la elección compartidos con The Intercept por un contratista de seguridad, quien ha pedido que no se le nombre porque teme represalias en su contra, Pereira aparece nombrado como uno de los tres organizadores de la misión. Los otros dos, David Shearman y Joe Milligan tienen una basta experiencia en contrainsurgencias interoceánicas y operaciones encubiertas.

El primer mensaje, escrito por Milligan y cuyos destinatarios se describen como miembros de la cadena de correos “LEP/Medic”, indica que al menos 250 contratistas, incluyendo asesores policiales y médicos se habían inscrito en el “Proyecto Bolivia”. En el correo se especifica que aquellos que se hayan “inscrito en el equipo Rojo” serán contactados por separado. En la llamada entre López y Pereira, el traductor se refiere a Pereira con el nombre clave “Rojo”.

Según ese mismo correo, el despliegue se retrasó debido a que el 23 de julio las elecciones fueron pospuestas del 6 de septiembre al 18 de octubre. “Seguimos en marcha para traerlos lo suficientemente pronto para el entrenamiento y el equipamiento”, prosigue Milligan.

Este proyecto es muy delicado por ahora”, advierte Milligan. “Solo lo he compartido en algunos grupos de Facebook en los que sé que participan LEP’s (asesores policiales) y médicos, y en algunas páginas de la Policía. Así que mantengamos esto tan seguro como sea posible. Hay muchas partes moviéndose para que esto suceda y no queremos atascar a los otros compañeros que están trabajando en el terreno para que esto pase”.

A los destinatarios del correo se les pide llamar a un número registrado a nombre de Milligan, un comerciante de armas autorizado en Dallas, Texas. Un perfil de LinkedIn describe a Milligan como un entrenador de policías y militares, y como director de una compañía chatarrera en Dallas. Entre 2006 y 2012, trabajó en operaciones de contrainsurgencia y desactivación de bombas en Afganistán, con la compañía militar privada MPRI. También entrenó a la Policía iraquí con la compañía Blackwater, tristemente célebre por ejecutar la masacre de civiles en Bagdag en 2007.

Al contactarlo al número señalado en el correo, Milligan negó tener conocimiento alguno de la operación. Primero dijo que era un conductor de camiones, después que trabajaba en una compañía chatarrera. “Debe de tratarse de otro Joe Milligan, hay muchos en Facebook”, agregó antes de colgar. Cuando se le contactó nuevamente en junio, reconoció la autenticidad de los correos y que Pereira, como organizador del esfuerzo, lo contactó por medio de una red en común. Mantuvo, sin embargo, que nunca tuvo detalles de lo que Pereira estaba planificando en Bolivia.

“Realmente no le doy mucha importancia a lo que la gente me dice hace que veo un cheque o un pasaje de avión. He trabajado en el extranjero por años, así que ni siquiera me preocupa lo que piensan hacer o lo que están hablando hasta que se materializa en un cheque”, agregó.

Shearman, el otro contacto en la lista, se describe a sí mismo en una biografía en línea como un exmarine estadounidense que ha trabajado “alrededor del mundo” en una variedad de “operaciones encubiertas”, incluyendo la protección de oficiales estadounidenses en Iraq y Suramérica. En un segundo correo, el nombre, el correo, el número de teléfono y el blog de Shearman –nombrado Viper One Six por su distintivo de llamada militar en Afganistán– aparecen adjuntos como parte de su firma.

“Las cosas están avanzando. Continuamos buscando más policías de larga trayectoria profesional e interesados en este tipo de misión única”, inicia el mensaje de Shearman. Luego procede a pedirle a los destinatarios interesados que envíen un acuerdo de confidencialidad a Pereira para recibir más instrucciones. Los invita, además, a “pensar en bajo perfil… jeans, pantalones casuales, camisas de manga corta y manga larga capaces de llevar algo oculto”.

“Si tienen licencia de aviador, la compañía les pagará todos las cuotas necesarias para la renovación, etc. mientras estén allá. Edúquense… MSA es el principal enemigo”, explica Shearman, posiblemente confundiendo la abreviatura de MAS. “Nuestro programa se está incorporando a un programa existente, porque el nuestro aún se está levantando”.

Los correos insinúan que el proyecto es políticamente delicado. “El calendario actualizado indica que el evento ocurrirá a finales de septiembre o a inicios de octubre. Las fechas giran alrededor de la política ahí. Los grupos se moverán de manera escalonada y se les enviará su grupo y más información sobre el viaje en la medida en que continúen con el proceso”, escribe Shearman. “Cuando viajemos recibirán instrucciones y tendrán una visión ampliada de la operación, la misión y las preocupaciones/la sensibilidad que conlleva”.

Shearman concluye su correo prometiendo que un “Cuartel Sur” se encargará del procesamiento interno, de la entrega del equipo y del rango de calidad” – refiriéndose al certificado de las armas de fuego­­– y les ofrece “atención médica y dental completa”. No queda claro si el grupo hubiera usado una base nueva en Bolivia o una que ya existe.

Se contactó a Shearman vía telefónica antes de la elección de octubre, pero dijo que él estaba retirado y negó estar involucrado en cualquier proyecto en Bolivia. Advirtiendo que el manejo de mensajes filtrados podía ser ilegal, dijo: “Revelar documentos delicados es una responsabilidad legal seria para cualquier involucrado”.

En junio, Shearman reconoció que había sido él quien envió los correos y explicó que Pereira lo había contactado a él para pedir ayuda con el reclutamiento y la administración de lo que él había entendido que sería un proyecto legítimo de entrenamiento policial. “Si tuviera que hacerlo de nuevo, no los hubiera ayudado. Desafortunamente esos correos retratan una cosa fantástica, por lo que entiendo la intriga para quien mira hacia adentro desde afuera”.

Shearman también dijo que él no recibió ningún pago por su trabajo y que no ha sabido nada de Pereira desde hace meses. Agregó que Pereira le dijo que el proyecto incluía “trabajar con el gobierno boliviano para entrenar policías –entrenamiento en tácticas policiales habituales para las agencias policiales en el país… Eso es todo lo que sé y todo el alcance que tuvo el esfuerzo de reclutamiento. No tengo idea de cualquier cosa más allá de eso, porque no estaba al tanto de nada de eso”.

“SOCOM nunca me va a fallar”

Pereira llegó a Bolivia hace aproximadamente una década. Miembros de la iglesia Bautista en Santa Cruz, un semillero para la oposición de Morales, dijeron que creían que era un exsoldado y pastor que trabajaba para la industria petrolera. Por un tiempo, dirigió la Fundación Bridge 2 Life, que moviliza pastores, doctores y maestros para trabajar en Latinoamérica y el Medio Oeste. Un anuncio publicitario de 2014 que promocionaba una charla de Pereira lo describe como un “exoficial de las Fuerzas Especiales del Ejército” y como “exmarine”, aunque la documentación oficial se refiere a él solo como un contratista civil. Según un boletín interno, trabajó en 1999 como planificador de movilización de asuntos de reserva en el Centro y Escuela Especial de Guerra John F. Kennedy en Front Bragg, en Carolina del Norte –un centro de entrenamiento del Ejército para el Comando de Operaciones Especiales (SOCOM, por sus siglas en inglés). Otra publicación lo describe como un contratista civil en el mismo rol en 2002.

El perfil de Facebook de Pereira lo identifica como “Presidente de servicios de petróleo y gas en China National Group”, de marzo 2017 en adelante. La página de Facebook, ahora inactiva, de la firma con sede en Santa Cruz aclara que está ocupando “la plataforma” que dejó la compañía anterior que trabajaba con inversionistas chinos.

En octubre 2020, las oficinas de China National Group en el centro de Santa Cruz fueron vaciadas y puestas en alquiler. Un registro oficial demuestra que la firma cerró oficialmente antes de que finalizara marzo 2019. No obstante, en los correos filtrados fechados en septiembre 2020, la dirección de correo de Pereira incluye las letras cng, y se le pide a los contratistas firmar un acuerdo de confidencialidad titulado “CNG-NDA”.

Un citatorio judicial de noviembre 2016 acusa a Pereira y a su esposa de fraude. Una fallo judicial de noviembre 2019 indica que Pereira estaba en detención previsional desde el 5 de noviembre 2018, y que un coronel de la Policía había amenazado con transferirlo a un bloque de celdas distintas si no le regresaba $80 000. Se desconoce si el caso prosiguió o si Pereira fue condenado o absuelto.

La descripción de practicas empresariales abusivas coincide con la promesa hecha a López de que él podría usar “contratos fantasmas” para llevar mercenarios encubiertos a Bolivia, disfrazados de pastores, doctores y turistas.

La primera vez que Pereira compartió su ubicación en Facebook estaba en Santa Cruz, el 16 de noviembre de 2019: seis días después de que Morales huyera del país y de que Áñez tomara posesión. En febrero 2020, publicó en Facebook capturas de pantalla de una conversación en Whatsapp en donde aseguraba que él estaba a cargo de las tropas de una base en Bolivia y bromeaba, en el contexto de una apuesta perdida por el Super Bowl, “SOCOM nunca me va a fallar”.

Entre los 535 amigos en Facebook de Pereira hay docenas de personal militar, retirados y en activo, y contratistas de seguridad privada. Las llamadas realizadas por The Intercept a un número del China National Group no fueron respondidas. Pereira tampoco respondió a las preguntas enviadas por correo. Su ubicación actual es desconocida.

“Vivo, libre o como presidente de Bolivia”

Otro par de conversaciones grabadas que fueron revisadas por The Intercept sugieren que los desacuerdos entre el ministro de Defensa López y Murillo, el ministro de Gobierno que tenía el control de la Policía, podrían haber estropeado el golpe. Todo indica que sucedieron poco antes de que López huyera del país el 5 de noviembre. Las grabaciones revelan no solo que López estaba involucrado, sino que los conspiradores lo habían tentado con la idea de que él tomara el lugar de Arce como presidente.

Una mujer que se refiere a sí misma como familiar de López dice en una de las llamadas que él está bajo la presión de “no desmarcarse del plan que tiene Murillo”, refiriéndose al ministro de Gobierno. “Parece que él tiene miedo, que dice que ni sabe qué va a hacer”, agrega.

“Entonces la cosa está sencilla”, responde la contraparte, a quien llaman Luis, el primer nombre de Suárez, que a la vez es el mismo nombre de “Cyber Rambo” a quien Pereira estaba traduciendo en la llamada entre él y López. “Es Murillo que nos está poniendo la zancadilla”. La mujer responde: “Exacto, dice que le dijo lo tienen amenazado”.

Lejos de la bravuconería de hace unos días, el exparacaidista parece haber puesto los pies en la tierra. “Dígale a la mamá de López”, continúa el interlocutor,  “que probablemente su única opción de salir vivo, libre, o como presidente de Bolivia es si nos atiende la llamada […] Ya está en bastante peligro su hijo”, agrega. “Tengo que comunicarme con él y él tiene que dejar de cometer errores”.

En una grabación posterior, Pereira concluye: “Se está cagando ahora mismo”.

El golpe nunca se materializó y la amenaza a la democracia boliviana parece haber disminuido. Arce fue juramentado como presidente de Bolivia el 8 de noviembre 2020, un día después de que los principales medios estadounidenses reconcieran la victoria presidencial de Joe Biden. Morales regresó a Bolivia en los días siguientes y ha aparecido en los mítines político de MAS, pero no ha asumido un cargo oficial en el Gobierno. Arce despidió a los comandantes militares que Áñez ascendió, incluyendo a Orellana, y los reemplazó con oficiales que consideró que serían más leales.

Murillo y López huyeron juntos hacia la frontera con Brasil el 5 de noviembre con la ayuda de un avión de la Fuerza Aérea boliviana, poco antes de que se presentaran las acusaciones de corrupción en su contra. Ambos son sospechosos de haber recibido sobornos luego de que Bravo Tactical Solutions, una compañía privada de seguridad con sede en Florida, ganara un contrato para suplir a las fuerzas armadas de Bolivia con gases lacrimógenos a precios bastante inflados.

Murillo, sin embargo, no encontró paz fuera del país. El 26 de mayo 2021, el FBI anunció que lo había acusado y arrestado por lavado de dinero relacionado con el caso del gas lacrimógeno. Ese mismo día, el ministro de Gobierno de Arce anunció que él también buscaría la extradición de López desde Brasil en conexión con el caso. López ha negado el delito del que se le acusa y tuiteó en mayo pasado que “los bolivianos saben que he trabajado incansablemente por el país, obedeciendo la Constitución”.

Orellana, quien huyó a Colombia en noviembre, tiene órdenes de captura en su contra por su participación en la salida forzosa de Morales y la subsiguiente matanza de protestantes a cargo de las tropas. En marzo, Áñez fue arrestada por su involucramiento en el golpe de 2019. Ella insiste en que su presidencia fue constitucional.

Aún hay malestar e inquietud entre los militares. Peña y Lillo, el general retirado, dice que, al encarcelar a los oficiales militares como “criminales comunes”, la administración de Arce busca “aterrorizar y vengarse de las fuerzas armadas” por su participación en la expulsión de Morales. Para él, el golpe de 2019 fue una intervención constitucional para “defender a la sociedad”.

“Hubiera habido mucha sangre derramada”

A menudo, los golpes fallidos parecen descuidados al evaluarlos en retrospectiva, pero dichas conspiraciones no necesitan ser perfectamente ejecutadas para ser exitosas. El gobierno estadounidense derrocó de manera infame a líderes democráticamente electos en Irán y Guatemala en la década de 1950. En ambas ocasiones en operaciones de presupuesto reducido que resultaron victoriosas en medio del caos resultante. El golpe de 1954 en Guatemala tuvo éxito porque el Ejército guatemalteco comprendió que Estados Unidos lo respaldaba.

Pero la conspiración que Pereira estaba vendiendo no parece haber encontrado respaldo en el gobierno estadounidense. Se parece más a los esfuerzos de Silvercorp USA, una compañía militar privada con sede en Florida, que lanzó un fallido golpe de Estado contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Ocho de los participantes fueron asesinados y 17 capturados. Entre los que ahora están en la cárcel en Venezuela están el ex Boina Verde que lideró la operación, quien luego aseguró que la operación fue autorizada por la Casa Blanca de Donald Trump. La administración Trump negó haber estado involucrada.

“Estos son ignorantes que quieren pelear más allá de su nivel en su intento por volverse ricos rápidamente”, dijo Sean McFate, un profesor de estrategia de la Universidad de Georgetown y excontratista militar que revisó los correos compartidos con The Intercept. “Es la hora amateur. Y hemos visto mucho de eso recientemente”.

Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida, argumenta que las presunciones de Pereira de tener el apoyo militar de Estados Unidos seguramente eran falsas, pero que resaltaban el problema de la supervisión deficiente de los soldados convertidos en mercenarios alrededor del mundo.

Estos grupos de soldados de fortuna se volvieron todavía más peligrosos luego de que la administración Trump los incentivara a hacer “trabajo independiente”, agregó, refiriéndose al discreto respaldo que dio la Casa Blanca a las actividades de Silvercorp en Venezuela.

“Tipos como estos los hay a montones, todos creen que son generales […] Son peligrosos por lo que prometen”, explica Gamarra. “Las conspiraciones son generalmente solo eso, conspiraciones, pero ellos causan mucho daño, especialmente en lugares tan frágiles como Bolivia. Todo lo que necesitas es a un Pereira para estropear las cosas”.

Si la operación de corta duración en Bolivia hubiera sido financiada por el gobierno estadounidense, o tenido su “aprobación tácita o explícita” hubiera demostrado qué tan profundo en el “territorio de los vaqueros imprudentes” se había sumergido la política latinoamerica de la administración Trump, dice Adam Isaacson, director del Programa de Supervisión de Defensa en la oficina de Washington para América Latina.

“Es imposible creer que los diplomáticos profesionales o los comandantes militares hubieran aprobado una misión parcialmente aprobada como esta, agrega Isaacson.

“Lo último que la región necesita ahora mismo son bandas de mercenarios pagados quién saber por quién para intentar instalar por la fuerza a sus líderes preferidos, concuerda Eric Farnsworth, un exdiplomático estadounidense y vicepresidente del Consejo de las Américas, quien también revisó los correos y coincide en que la conspiración parecía muy avanzada. “No es democrático y no puede ser condonado”.

Un ejemplo sombrío de lo que pudo haber ocurrido tuvo lugar en noviembre 2019, cuando al menos 19 manifestantes, principalmente seguidores pobres e indígenas de MAS, fueron asesinados a tiros por las fuerzas de seguridad bolivianas bajo la supervisión de Áñez, Murillo, López y Orellana. Entre los asesinados estaba Omar Calle Siles, de 28 años, un apasionado jugador de fútbol que dejó huérfano a un niño de cinco años.

“Lloramos todos los días”, dice Angélica Calle Siles, hermana de Omar. “No hemos podido comer junto en los últimos 17 meses porque sentimos su ausencia en la mesa”.

“Todo lo que queremos es que se haga justicia”, agrega, “que las personas que han destruido a tantas familias humildes paguen para que mi hermano pueda descansar en paz”.

Si se hubiera realizado la conspiración planificada en 2020, advierte Gamarra, “hubiera habido mucha sangre derramada”.

Informes adicionales de Jack Murphy.

Traducción al español de María Luz Nóchez.

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